Desarrollo Económico

El entramado de tributos superpuestos, coparticipaciones opacas y servicios públicos deficitarios, hacen que el sistema fiscal argentino muestra una profunda desconexión entre quienes recaudan, quienes gastan y quienes pagan. Las claves para entender, coordinar y corregir los desajustes del federalismo fiscal argentino.

7 de Agosto 2025

El laberinto fiscal argentino: urgencias y responsabilidades

Artículo

Escrito por Ian Escobar

Foto: Beatrice Murch

Un círculo vicioso

El sistema fiscal argentino arrastra desde hace décadas una estructura desigual, ineficiente y distorsiva en todos sus niveles; tanto nacional, como provincial y municipal. Mientras la Nación concentra los principales instrumentos de recaudación, como el IVA, Ganancias, retenciones y aranceles; las provincias y municipios enfrentan la responsabilidad de proveer una amplia gama de servicios públicos esenciales (educación, salud, seguridad e infraestructura local) con fuentes de financiamiento propias insuficientes y mal diseñadas.

A su vez, la mayoría de las provincias dependen en gran medida de fondos coparticipables entregados desde el tesoro nacional. Esta dependencia erosiona los incentivos a mejorar los sistemas tributarios locales, favorecen tanto los comportamientos fiscales irresponsables, y sostienen prácticas políticas de carácter autoritario.

Los costos de la gravosa tributación argentina no solo se reflejan en el enorme esfuerzo fiscal que enfrentan los contribuyentes, sino también en el círculo vicioso que crea. Los sectores públicos de la Nación, las provincias y los municipios requieren de una constante inyección de recursos sustraídos de los sectores productivos de la economía nacional, esas inyecciones no se traducen, a su vez, en servicios que reflejen el costo de financiarlos. Por el contrario, las deficiencias en los servicios de justicia, seguridad e infraestructura reducen aún más la productividad de la economía, pauperizando sensiblemente la calidad de vida de la población.

Intereses subsidiados

Una de las consecuencias de esa permanente pauperización es la mayor dependencia de partes importantes de la población de algún tipo de asistencia estatal (subsidios, planes sociales, o empleo público). Esto, a su vez, termina formando grupos de interés que buscan aumentar su peso en las distintas áreas del sector público, mantener y obtener subsidios adicionales, o un trato preferencial.

Estos grupos de interés presentes en mayor o menor medida en todas las provincias, han agotado todas las fuentes de financiamiento; dejando como resultado un sistema impositivo que grava (a través de ingresos brutos y otras tasas) la facturación en cada etapa de la producción, generando efectos en cascada que encarecen los precios, penalizan la formalidad y desincentivan la inversión.

Los municipios, por su parte, se sostienen principalmente con coparticipaciones provinciales, que reproducen a menor escala el círculo de sobredimensionamiento e incentivos incorrectos explicados previamente. Por otro lado, los municipios recurren a tasas que muchas veces operan como verdaderos impuestos encubiertos, aplicados sin una correlación clara con los servicios prestados y frecuentemente cuestionados por su constitucionalidad.

Herramientas para el cambio

El sistema actual favorece una cultura de responsabilidad fiscal difusa: los ciudadanos responsabilizan a los gobiernos locales por los malos servicios, pero estos alegan que no cuentan con los recursos necesarios; los gobernadores e intendentes reclaman más fondos a la Nación, pero pocas veces impulsan reformas tributarias propias o mejoras en la gestión del gasto. Mediante las presiones y negociaciones de las distintas partes del sector público se siguen solapando más impuestos al complicado entramado que es el sistema fiscal argentino. En este contexto, la rendición de cuentas es baja, y el déficit de información dificulta tanto el análisis como el diseño de políticas efectivas.

Por eso resulta crucial avanzar con iniciativas como el "Monitoreo Fiscal Subnacional": un proyecto que permita relevar, sistematizar y publicar de forma accesible y comparable la información fiscal de provincias y municipios. El monitoreo fiscal subnacional permitiría mejorar el diseño institucional de los distintos niveles de gobierno, detectar prácticas regresivas o ineficientes, promover la coordinación entre jurisdicciones, y fortalecería el acceso a información clara y verificable a la ciudadanía.